Como parte del proceso de desarrollo del estudio Barómetro de Acceso a la Información que la Fundación de la Prensa lleva a cabo hace cuatro años junto a la Universidad Diego Portales y la Fundación Konrad Adenauer, hemos editado este libro con los resultados presentados de una manera muy simple y ordenada.

La idea es que sea un material de consulta rápido y eficiente tanto para profesionales de la información como para las propias instituciones y también para la sociedad civil.

La publicación está disponible para aquellos interesados que deben contactarse con Solange Pantoja al email spantoja@anp.cl

Introducción de Carlos Schaerer, presidente de la Fundación de la Prensa

La carencia de un sistema eficaz de acceso a las fuentes públicas en nuestro país resta transparencia a las decisiones de la Administración y facilita eventuales prácticas irregulares en las dependencias del Estado. Por estas razones, el gobierno del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle preparó un proyecto de ley que se denominó “de Transparencia”, que, entre otras cosas, modificó algunos artículos de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración Pública. Sin embargo, la regulación que se dictó consideraba un marco extraordinariamente amplio para dar cabida en él a una infinidad de actuaciones de la Administración que entraban en las categorías de reservadas o secretas, y otorgó a las diversas dependencias públicas la facultad de determinar las actuaciones y documentos que debían incluirse en esas categorías. De esta manera, a pesar de la intención inicial del Presidente Frei, la Administración del Estado continuó siendo impermeable a los requerimientos de información de terceros.

En abril de 2005 los senadores Jaime Gazmuri y Hernán Larraín presentaron un proyecto de ley destinado a mejorar el sistema de acceso a la información pública.

Cuando el proyecto se encontraba en la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, fue objeto de una indicación sustitutiva del Ejecutivo, de fecha 6 de diciembre de 2006, que lo reemplazó en su totalidad. Ésta obedeció a diversos hechos de importancia, como la reforma constitucional aprobada por la Ley 20.050, publicada en el “Diario Oficial” de 26 de agosto de 2005, que, entre otras cosas, incorporó un nuevo artículo según el cual “son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen”. Esta misma norma dispuso que “sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquellos o estos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la nación o el interés general”.

Otro hecho que influyó en la posición del Ejecutivo fue la condena pronunciada contra Chile por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a raíz de una negativa de información en que incurrió el Comité de Inversiones Extranjeras en 1998. Un tercer hecho fue el informe preparado por un comité de especialistas que asesoró a la Presidenta de la República en materia de probidad, en que se solicitó la consagración de la transparencia activa, expresada como el deber de los órganos del Estado de poner a disposición del público, sin mediar requerimiento expreso, información relevante sobre su gestión. Asimismo, el referido informe propuso crear un órgano especializado para tutelar la materialización de ese derecho mediante potestades normativas, fiscalizadoras, sancionadoras y resolutivas de conflictos entre los ciudadanos y la Administración.

La indicación del Ejecutivo, que en rigor constituye un estatuto integral sobre la materia, consulta, entre otras cosas, la creación de un Consejo para la Transparencia, corporación autónoma de derecho público encargada de promover y garantizar el acceso a las fuentes públicas. El proyecto fue aprobado por ambas cámaras del Congreso y hoy está siendo analizado por el Tribunal Constitucional para ser promulgado como ley de la República.

En una sociedad democrática el acceso a las fuentes públicas es un derecho de cualquier ciudadano. Esto no siempre se ha entendido así en nuestro país, en el cual, al contrario, se ha desarrollado una verdadera cultura del secreto, contra la cual han naufragado hasta ahora los intentos de apertura que han existido. Sin perjuicio de reconocer que una buena ley en la materia podría representar un avance de consideración en el propósito de alcanzar una mayor transparencia, creemos que el cambio debe ser mucho más profundo: debe generarse en los funcionarios de la Administración la certidumbre de que la transparencia no sólo es un medio para supervisar la labor que desempeñan, sino el mejor instrumento para asegurar la calidad de ella. De allí que la Fundación de la Prensa haya iniciado, hace cuatro años, un programa, denominado Barómetro de Acceso a la Información, destinado a medir las percepciones de los periodistas acerca del acceso a la información pública, es decir, a las actuaciones y documentos de las principales reparticiones públicas, de las empresas estatales y de las empresas que atienden servicios públicos, sean de propiedad estatal o privada.

El 21 de noviembre de 2007 se presentó el IV Barómetro de Acceso a la Información, organizado y coordinado por la Fundación de la Prensa, con el apoyo de la Universidad Diego Portales y del Programa de Medios de Comunicación y Democracia en Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer. El estudio en terreno fue realizado por la empresa Adimark GfK, y en esta ocasión la muestra estuvo constituida por 408 periodistas que respondieron la encuesta. Ella da luces acerca de las principales trabas que utilizan las instituciones para dificultar el acceso a la información pública y permite, además, conocer la disposición de éstas a dar dicha información, así como la confiabilidad de ella y la oportunidad de su entrega.

Creemos que esta medición constituye una radiografía de lo que está ocurriendo en Chile en materia de transparencia y es, a la vez, una utilísima herramienta tanto para detectar la aparición de nuevas modalidades discurridas por los órganos de la administración a fin de evitar la mirada ciudadana sobre su quehacer, como para destacar las mejores practicas que impulsan otras dependencias públicas.

Confiamos en que esta contribución de la Fundación de la Prensa ayude a que Chile pueda, por fin, situarse entre los países que no le temen a las justas preguntas de sus ciudadanos sobre el desempeño de sus órganos de gestión.

Carlos